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La futura decisión europea sobre la “neutralidad de la red” podría decidir el futuro global de Internet.

Buscando una respuesta global, con el máximo de perspectivas a la hora de examinar el problema y sus soluciones, Hispalinux ha unido sus fuerzas a importantes asociaciones europeas y norteamericanas.Esta Alianza ha recogido esfuerzos de ingenieros juristas y tecnólogos de diversos países para responder el cuestionario de la Comisión Europea sobre Internet abierto y neutralidad de la red.

La respuesta se centra en Internet como resultado de la interconexión de miles de redes neutrales y el daño causado por las prácticas discriminatorias de gestión de red y la fragmentación causada cuando los operadores de red ofrecen diferentes definiciones de “acceso a Internet”.

En nuestra respuesta se identifican ejemplos de redes que no son neutrales y cómo estas prácticas discriminatorias de la red tienen un impacto directo sobre la libertad del usuario final, la innovación y la creatividad en Internet, y suponen una dura hipoteca sobre las oportunidades que Internet puede ofrecer y la libertad de competencia en el entorno digital.

Algunas de las recomendaciones que se detallan en la respuesta son:

• La Unión Europea debe adoptar un claro compromiso con la protección de un Internet basado en arquitectura de extremo a extremo, donde el acceso a los servicios, aplicaciones y contenido, y cómo interactúan en la red, se deciden por el usuario final.
• “El acceso a Internet” debe estar claramente definido para posibilitar el acceso a cualesquiera aplicaciones, servicios o contenidos disponibles en Internet, a discreción del usuario final.
• La Comisión debe fijar principios “ex ante” como una orientación clara para sustentar la protección de un Internet abierto de cara a la revisión del Marco de comunicaciones electrónicas, incluyendo lo que constituye la gestión del tráfico para crear un marco unificado a escala comunitaria.
• Las normas de neutralidad de red deben aplicarse por igual a las redes fijas y móviles.
• La Comisión debe exigir que los operadores de red traten a todos los contenidos, aplicaciones y servicios de manera no discriminatoria.
• Si, en situaciones excepcionales, un operador de red necesita implementar prácticas de gestión de red que supongan priorización de tráfico o similares, la operadora debe ser capaz de justificar y probar esa necesidad, que asimismo no se debe a un déficit de inversión en la red, y que existe un claro propósito legítimo, así como que la medida es ajustada y específica.
• La priorización o medidas de gestión de efecto similar de información en red deben ser prácticas excepcionales y no recursos habituales.
• Los servicios gestionados deben ser aprobados sobre bases de caso por caso por la Comisión o la Agencia Nacional de Reglamentación de que se trate.
• La Comisión no debería permitir que los operadores puedan participar en las prácticas de asignación de prioridades de pago con los proveedores de contenido.
• El operador de red debe revelar todas las prácticas que emplee para gestionar la congestión, así como relaciones de contención y de ancho de banda total disponible.
• Las agencias reguladoras nacionales deben establecer herramientas para la medición, recopilación de datos, y análisis de tráfico de red y el rendimiento de las redes fijas y móviles.
• Los datos recogidos deben ser accesibles al público y ser verificables de manera independiente por medio de mediciones independientes.

Hispalinux agradece a los ingenieros de telecomunicaciones, informáticos, abogados y economistas que han colaborado en este documento y que han donado su tiempo y su conocimiento sin otro propósito que preservar las oportunidades de futuro que representa esta propuesta para la humanidad que es Internet.

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1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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